El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, que agrupa a 950 colegiados con implicación en 20.000 empresas y 80.000 trabajadores, agradece el apoyo del Parlamento español a la histórica petición de este colectivo para interponer, firmar e impugnar los Recursos de Suplicación.
Los recursos de suplicación se interponen ante la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripción.
Después de 25 años de reivindicaciones, el Congreso aprobó el pasado 15 de octubre una modificación de la Ley de Procedimiento Laboral que permite cerrar el ciclo procesal de los Graduados Sociales ante la Jurisdicción Social.
“El Gobierno y el principal partido de la oposición defendieron esta profunda reforma, dando cabida a nuestro colectivo en algo que ya venía haciendo de hecho, pero que la ley vetaba, menoscabando así nuestra categoría institucional”, aseguran los Graduados Sociales de A Coruña y Ourense en un comunicado oficial que adjuntamos a la nota de prensa. “Ahora, con la nueva Ley, los Graduados Sociales alcanzamos nuestro bien merecido reconocimiento profesional e institucional ante la Jurisdicción Social”, añade el texto de la entidad presidida por Germán Prieto-Puga.
Las cinco enmiendas introducidas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España fueron estimadas y admitidas por casi todas las fuerzas parlamentarias, entre ellas el Partido Socialista (PSOE), el Partido Popular (PP), el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria (CC), Izquierda Unida (IU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa Per Catalunya Verds (ICV) y el Grupo Parlamentario Vasco (PNV, EAJ). “Agradecemos el apoyo recibido por parte de los partidos, y especialmente al Ministerio de Justicia, a su titular (Francisco Caamaño), y al Presidente del Gobierno de Gobierno de España (José Luis Rodríguez Zapatero)”, señala el comunicado.
Los Graduados Sociales agrupan a 25.000 colegiados en toda España. Por eso, el Colegio de A Coruña y Ourense lamenta “las críticas vertidas a nuestra actuación profesional por algunos grupos de interés”. Entre ellos, cita a la senadora María del Mar Caballero Martínez, de Unión del Pueblo Navarro (UPN). “Justificamos esa posición por la falta de conocimiento de nuestra profesión”, concluye.

“Es necesario que la sociedad española conozca y valore la función de los graduados sociales”, asegura el Consejo General de los Graduados españoles, un colectivo que agrupa a más de 25.000 profesionales en el conjunto de España. Un dato: en el 50 por ciento de los asuntos que se ven en la Jurisdicción Social, interviene un Graduado Social.

La amplitud profesional de los Graduados revela su importancia, pero también contribuye a diseminarla. Y es que asesoran a empresas y trabajadores en materia laboral y de seguridad social, y de manera específica en las siguientes áreas de actuación: prevención de riesgos laborales; confección de nóminas y seguros sociales; empleo y contratación; prestaciones de la Seguridad Social; negociación colectiva; representación técnica de los ciudadanos ante los Juzgados de lo Social; recursos humanos en general y asesoramiento fiscal.

Sólo el Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, presidido por Germán Prieto Puga, reúne a unos mil profesionales